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| Juan Callegher y Liliana Liberatore junto a militantes, abogados y periodistas durante la conferencia. Foto: Florencia Rodríguez. |
Fue en la Sala de Comisiones del Concejo Deliberante, durante la conferencia de prensa convocada para las 11 horas. Momentos antes se había realizado la presentación judicial en el Tribunal Federal correspondiente.
El 29 de octubre pasado, en dependencias del Palacio Comunal de Malvinas Argentinas, y con la presencia de Miguel Harari, Secretario de Gobierno de la Comuna, en representación del Intendente Jesús Cariglino, se desarrolló el Congreso Nacional de Suboficiales de Fuerzas Armadas. Con motivo de este encuentro, las organizaciones sociales y sindicales, alertadas de sobre la consigna que motivó el Congreso, La patria está en peligro, comenzaron una investigación acerca de una posible relación entre estos encuentros de uniformados y algunos hechos de violencia acaecidos antes y después de las elecciones primarias del 14 de agosto.
La conferencia fue organizada por la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Martín y la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo y estuvo conducida por Liliana Liberatore, concejala presidenta de la Comisión por los Derechos Humanos del Concejo Deliberante, y miembro de la Comisión por la Memoria; Juan Callegher, Presidente del Concejo Deliberante de General San Martín; y los letrados querellantes encargados de realizar la denuncia ante la Fiscalía Federal de San Martín. En la conferencia también estuvieron presentes los ediles Roberto Arévalo, José María Carosio y Olga Centurión. Por parte del Municipio, se hizo presente el Coordinador de Derechos Humanos de la Comuna, Víctor González.
La medida, que cuenta con la firma de las denunciantes María Luisa Montiel y Rosa Velardes, vecinas de Malvinas Argentinas y víctimas de las intimidaciones producidas por personal que se cree está relacionado con Jesús Cariglino, fue apoyada por casi un centenar de organizaciones sociales, sindicales, del movimiento de Derechos Humanos y organismos institucionales. La asesoría judicial quedó a cargo de los abogados Brioso, Brizzio y Cancio, quienes se encargarán de seguir el trámite correspondiente y tratar de hacer justicia. Lo que se argumenta es que se ha violado el artículo 210 bis del Código Penal argentino.
El letrado Jorge Brioso comenzó la conferencia comentando lo sucedido horas antes en la Fiscalía Federal de San Martín: “Luego de una investigación que empezamos antes de las elecciones primarias del 14 de agosto, decidimos hacer hoy una presentación formal ante el fiscal federal de turno”. Brioso también se encargó de explicar a los concurrentes la relación que existiría entre el poder político, los hechos de violencia y el Congreso de Suboficiales. “Hubo ciertos hechos que tuvieron total apoyo del Gobierno municipal de Malvinas Argentinas. Hubo un expreso apoyo al programa que se dio a conocer como La patria está en peligro. A partir de esto, comenzamos a atar cabos. Y pudimos conectar la violencia que se vive en Malvinas con estas reuniones que se llevan a cabo. Esto ya dejó de ser un sistema de patotas contra la oposición. Ya es un método planeado y sistemático de silenciar a la oposición”, expresó. A modo de gráfico, ejemplificó que “hay más de un centenar de denuncias por hechos de violencia, que incluyen desde incendios en unidades básicas de la oposición hasta heridos de bala y arma blanca a militantes y hasta menores de edad y mujeres. Hasta hemos tenido episodios de espionaje las filas de la oposición”.
Por su parte, otro de los letrados, Walter Brizzio, comenzó su locución haciendo hincapié en el modo de accionar del Intendente Jesús Cariglino: “Estas reuniones en el Palacio Comunal de Malvinas no pueden existir en un esquema de gobierno que se jacta de ser democrático, porque este modo de proceder se asemeja al modo en el que la Triple A nació y funcionó durante épocas anteriores”. “Este accionar no tiene que ser tomado como parte del folclore político de la región. Tenemos que tomar las riendas e investigar estas denuncias por todas las vías posibles, porque en la década de los 70, la justicia no vio nada, no se hizo cargo y terminamos como terminamos”, reflexionó. Asimismo, coincidió en resaltar las diferencias que existen entre los otros municipios del Conurbano en relación con San Martín, al mismo tiempo que varios de los asistentes comparaban a municipios vecinos con el accionar de Jesús Cariglino. Por ello, el abogado dijo que “hay que agradecer que San Martín es un ámbito democrático. Tuvimos la suerte de que (Juan) Callegher nos prestó esta casa legislativa para que pudiéramos difundir este atropello. Esta rueda de prensa seguramente no podría haberse dado sin la voluntad democrática de esta casa. De hecho, esto en Malvinas Argentinas es impensable”, se quejó.
En el mismo sentido, el resto de los integrantes de la conferencia, entre los que se encontraban Mario Chamorro y Mariana Zuccarini, concejales de Malvinas Argentinas; Nora Perazzone, consejera escolar del mismo distrito; Antonio Fernández, militantes de los Derechos Humanos y representante de Adolfo Pérez Esquivel; y Elena Carranza, familiar de víctimas y presidenta de la Comisión por la Memoria, coincidieron en declarar el miedo a la represión, el apriete y la censura que se vive en Malvinas Argentinas a la vez que reconocieron que “no puede haber una solución si no se toma coraje y se denuncia ante la justicia”.
Hacia el final de la rueda de prensa, Juan Callegher cerró las alocuciones y agradeció “a los periodistas y militantes que se acercaron”. De igual manera, reflexionó acerca del papel de los Concejos Deliberantes en la vida de los vecinos del Conurbano: “Como decía el abogado (Brizzio), no tenemos que tomar por natural las cosas que están ocurriendo. Pero lo que hay que naturalizar es que los Concejos Deliberantes deben ser las casas del pueblo y de las organizaciones sociales. No debería sorprendernos que estemos reunidos acá: el Concejo tiene que tener las puertas abiertas”, sintetizó.
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